La Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas a tres efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) por su participación en una red de corrupción que operaba desde la comisaría N° 35, ubicada en el barrio porteño de Núñez. Los agentes Sergio G. Ríos, Alejandro Malfetano y Marciano A. Quiroga fueron sentenciados a tres años de prisión efectiva por los delitos de asociación ilícita y concusión.  Según la investigación, entre 2016 y 2017, los policías exigían pagos semanales de entre $2.000 y $3.000 a comerciantes y cuidacoches de los barrios de Núñez y Saavedra, a cambio de una supuesta "protección privilegiada". El caso, conocido como "caso Potocar", reveló una estructura de recaudación ilegal dentro de la fuerza policial.  El comisario Norberto Villarreal, entonces jefe de la comisaría 35, fue identificado como el líder de la organización y condenado a cinco años y seis meses de prisión. Otros altos mandos policiales, como José Potocar, Guillermo Calviño y Susana Aveni, fueron absueltos por falta de pruebas. Con esta decisión, la Corte Suprema cierra una etapa judicial significativa en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad