El Gobierno de Javier Milei ha anunciado un nuevo blanqueo de capitales por decreto, con la expectativa de atraer hasta 10.000 millones de dólares. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que podría incluir a Argentina en su "lista gris" debido a riesgos asociados al lavado de dinero. El GAFI, organismo intergubernamental que establece estándares para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, ha expresado inquietudes sobre la legalidad y transparencia del blanqueo propuesto. Expertos señalan que implementar un blanqueo por decreto podría violar acuerdos internacionales y debilitar los controles antilavado existentes. Ante esta situación, el Gobierno argentino ha iniciado negociaciones con el GAFI para evitar sanciones. Las autoridades buscan limitar el alcance del blanqueo a residentes y reforzar las medidas de control para cumplir con las recomendaciones del organismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha defendido la iniciativa como una herramienta para movilizar la economía y atraer inversiones. Sin embargo, la posibilidad de ser incluido en la "lista gris" del GAFI podría tener consecuencias negativas para el país, como restricciones en el acceso a financiamiento internacional y una mayor vigilancia sobre las operaciones financieras. El Gobierno continúa trabajando en conjunto con el GAFI para ajustar el marco legal del blanqueo y garantizar su compatibilidad con los estándares internacionales. El objetivo es evitar sanciones que puedan afectar la estabilidad económica y la reputación financiera de Argentina en el ámbito global.